1º de marzo de 2021

En el mundo, poco se sabe de la situación política en la India. Con un régimen conservador que considera delito de sedición a la protesta social, el Estado persigue a pueblos indígenas y defensores de derechos humanos. Las comunidades tribales son las víctimas silenciosas del crecimiento de la economía del país. Los casos de la defensora Soni Sori y del sacerdote jesuita Stan Swamy.

La liberalización de la economía india comenzó en 1991. Uno de los objetivos prioritarios consistió en la explotación de los recursos naturales ubicados en territorios indígenas. Con este fin, se identificó como sospechosos a quienes exigían respetar los derechos de los pueblos indígenas, aplicar salvaguardas medioambientales o ejercer su derecho a la libertad de asociación y reunión.

Un informe clasificado de la Oficina de Inteligencia india, señalaba en 2014 a varias Organizaciones No Gubernamentales como las responsables de afectar al desarrollo económico: “Un número significativo de ONGs indias (financiadas por donantes con sede en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y países escandinavos) utilizan los temas de derechos humanos para generar un ambiente que contribuye a paralizar los proyectos de desarrollo”. El documento afirmaba que los proyectos de siete sectores estratégicos se habían paralizado debido a las protestas organizadas por las ONGs: centrales nucleares y eléctricas de carbón, hidroeléctricas, minas de uranio, biotecnología agrícola, megaproyectos industriales e industrias extractivas.

Sin embargo, lo que el informe denunciaba como una injerencia externa en la política nacional, en verdad era la consecuencia de la instalación de proyectos en territorio indígenas. En efecto, en 2001, el propio Estado indio había reconocido que de los 21,3 millones de personas desplazadas entre 1951 y 1990 a raíz de proyectos de desarrollo, unos 8,54 millones, es decir el 40,1%, eran indígenas. La cifra cobra más relevancia si se tiene en cuenta que los indígenas representan solo el 8% de la población total del país, según el censo de 1991.

Instrumentos jurídicos para criminalizar la disidencia

Tras las elecciones parlamentarias de mayo de 2014, el partido nacionalista hindú de derecha, Bharatiya Janata Party (BJP), llegó al poder al obtener la mayoría de los escaños. El periodo comprendido entre 2014 y 2019 estuvo marcado por los actos de violencia de los partidarios del BJP en su defensa acérrima de la vaca, el animal sagrado de los hindúes, y por los ataques contra las minorías religiosas.

Tras la nueva victoria del BJP en 2019 con una mayoría más amplia, el programa para convertir a la India en un Estado nacionalista hindú se exacerbó. El Gobierno de Narendra Modi derogó el Artículo 370 de la Constitución que concedía un estatus especial a las regiones de Jammu y Cachemira, se otorgó refugio a los no musulmanes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán, y se amenazó con llevar a cabo un Registro Nacional de Ciudadanos a nivel nacional, una medida que afectaba a los derechos de la minoría musulmana de la India.

En consecuencia, desde mayo de 2019 se suceden protestas multitudinarias contra las medidas del nacionalismo hindú, seguidas de la represión del Estado. La mayoría de las personas criminalizadas son activistas, comediantes o periodistas. La disidencia se ha convertido en sinónimo de oposición hacia el Gobierno y fue tipificada como delito en el Código Penal y en el Acta de Actividades Ilegales. Ambos instrumentos jurídicos son los medios utilizados para criminalizar a quienes se oponen al Gobierno y su programa nacionalista. En la actualidad, cientos de personas permanecen en prisión en virtud de estas leyes.

En este marco general de criminalización de la disidencia en la India, es que debemos ubicar a la persecución del activismo de los pueblos indígenas. Viviendo en zonas remotas, al margen de los medios de comunicación, los defensores de los derechos indígenas enfrentan los problemas ambientales y defienden su autodeterminación. Su activismo se acentúa con la radicalización del Gobierno y la situación general del país.

¿La democracia más grande del mundo?

En India, el mero intento de ejercer el derecho a la libertad de asociación y reunión se ha convertido en un acto de sedición. En 2017, en el estado oriental de Jharkhand, miles de indígenas Adivasis fueron reprimidos brutalmente. Dos años más tarde, activistas sociales declararon que unos 30.000 tribales habían sido reprimidos durante una manifestación organizada por la coalición progresista Jharkhand Janadhikar Mahasabha. La policía elaboró 29 informes en los que se acusaban a miles de personas sin indicar sus nombres.

Bajo esta dinámica represiva, las denuncias y encarcelamiento a manifestantes se han multiplicado. Según la página web Scroll.in, que accedió a 19 informes presentados por la policía en el distrito de Khunti entre junio de 2017 y julio de 2018, el Gobierno acusó a más de 11.200 personas de una serie de delitos relacionados con la alteración del orden público. En 14 informes, más de 10.000 personas fueron denunciadas por sedición, un delito catalogado en el artículo 124A del Código Penal de la India.

El 29 de diciembre de 2019, el Gobierno electo del estado de Jharkhand decidió retirar las denuncias de sedición contra indígenas. La medida se produjo después de que Hemant Soren, un miembro del pueblo Adivasi, prestara juramento como nuevo Ministro Principal de Jharkhand. Sin embargo, un año después, el Gobierno todavía tiene que enviar una solicitud al tribunal para retirar los cargos. El comité de distrito, compuesto por el comisario adjunto, el superintendente de policía y el fiscal habían recomendado retirar 16 casos, alrededor del 60 por ciento del total.

En julio de 2020, tres activistas indígenas identificados como Babita Kachhap, Samu Oreya y Birsa Oreya fueron detenidos por el Escuadrón Antiterrorista de Gujarat (ATS) por, supuestamente, recaudar fondos e instigar a las comunidad Adivasi de Tapi y Mahisagar a participar en un levantamiento violento contra el Gobierno. Bajo los artículos 124, 153A y 120B del Código Penal fueron acusados de sedición, de promover la enemistad entre grupos, de conspiración criminal y de conspiración para cometer un delito. La Comisión Nacional para las Tribus Desfavorecidas ordenó al Gobierno y la Policía de Gujarat a que facilitaran detalles sobre las detenciones.

La persecución de la defensora Soni Sori

El hostigamiento y las detenciones continuas a la reconocida activista de derechos humanos Soni Sori grafican la situación de los defensores indígenas. El 24 de septiembre de 2020, Soni Sori había dado positivo de Covid-19 e inició su cuarentena. Al día siguiente debía presentarse ante la Agencia Nacional de Investigación por el asesinato de cuatro policías y de Bahama Mandaba, un miembro del Parlamento del partido Bharatiya Janata, durante un supuesto ataque de los Nasal en abril de 2019.

Sori informó a los funcionarios que tenía coronavirus, pero estos insistieron en que compareciera en Dantewada. Como las agencias de viajes locales se negaron a llevarla por la enfermedad, junto a su sobrino Lingram Kodopi se vieron obligados a viajar en bicicleta en medio de fuertes lluvias. Durante más de siete horas, Sori fue interrogada a pesar de que estaba enferma. Poco tiempo después se presentó un cargo contra Sori por violar las normas de la cuarentena e incurrir en un acto malicioso de propagar la infección de una enfermedad peligrosa para la vida.

Soni Sori ya se había enfrentado atrocidades policiales, como la tortura sexual y el encarcelamiento prolongado. En octubre de 2011, fue detenida por la policía y pasó más de dos años en las cárceles de Raipur y Jagdalpur, y de Tihar en Delhi. “Fui brutalmente torturada. Mientras estaba bajo custodia de la policía de Dantewada, me desnudaron y me aplicaron descargas eléctricas por orden de Ankit Garg, el entonces superintendente de policía del distrito. Tres de sus hombres me agredieron sexualmente”, denunció Soni Sori en una entrevista en febrero de 2014. Durante su internación en el Hospital del Colegio Médico de Calcuta, los médicos le extrajeron piedras introducidas en la vagina y el recto.

El encarcelamiento del sacerdote jesuita

Con 83 años, el padre Stan Swamy es reconocido por haber dedicado toda una vida a trabajar en favor de los pueblos indígenas y los dalits, como se denomina a los miembros de la casta más pobre y discriminada de India. El 8 de octubre de 2020, el sacerdote jesuita fue detenido en su residencia acusado de haber incitado a la violencia de Bhima Koregaon el 1° de enero de 2018, una gran revuelta en la que una persona murió y varias resultaron heridas. Asimismo, lo señalaron por haber participado en la conmemoración de la Elgar Parishad, el 200° aniversario de la batalla de Bhima Koregaon. Sin embargo, el padre Swamy no había estado en ninguno de los dos eventos.

La Agencia Nacional de Investigación (NIA, según sus siglas en inglés) trasladó a Stan Swamy a un tribunal en Mumbai y en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales dictó su encarcelamiento. El 15 de enero de 2021, el padre Swamy cumplió 100 días de prisión en la Cárcel Central de Taloja. El sacerdote padece Síndrome de Parkinson y se le negó durante dos meses que tuviera un vaso en su celda. En su solicitud de libertad bajo fianza, Swamy alegó que lo tenían en la mira debido a “la naturaleza de sus escritos, su trabajo sobre las castas y la lucha por la tierra de los pueblos de la India y la violación de sus derechos democráticos”. Por su parte, la NIA alegó que el padre Swamy tiene vínculos con grupos maoístas.

El caso de Stan Swamy se suma al de miles de defensores de derechos humanos en India. A diferencia de la criminalización y persecución sufridas en otros países, que son bien cubiertos por la prensa internacional, el caso de India permanece bastante desconocido. Si se piensa en la India, seguramente se piense en su crecimiento económico, en su desarrollo de software o en las películas Bollywood, pero difícilmente se ponga el dedo en el sufrimiento de los pueblos indígenas y sus defensores.

Afirmar que la India se encuentra en una situación de emergencia no declarada es un eufemismo. En los medios de comunicación nacionales proliferan los titulares que informan la persecución de destacados periodistas y prominentes parlamentarios, acusados del delito de sedición. Sin embargo, las problemáticas de los pueblos indígenas o los que defienden sus causas rara vez son noticia. A medida que la India profundiza la explotación de sus recursos naturales en territorios indígenas, los activistas de los derechos de los pueblos indígenas se enfrentan a una drástica reducción del espacio cívico en su país.

Suhas Chakma es Director del Grupo de Análisis de Derechos y Riesgos.