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La sentencia por la Masacre de Napalpí en Argentina:
justicia por el pasado e inspiración para el presente

La sentencia por la Masacre de Napalpí en Argentina:
justicia por el pasado e inspiración para el presente

Por Carlos Salamanca Villamizar

Toba, Napalpí, 1924. Foto: Lehmann Nitsche/IAI

1° de junio de 2022

El Juicio por la Verdad sobre la llamada Masacre de Napalpí ocurrida en 1924 reconoció la responsabilidad del Estado en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio. Asimismo, se ordenaron una serie de medidas reparatorias como el avance de la identificación de la ubicación de las fosas comunes y la construcción de un sitio de memoria.


El pasado 19 de mayo, el Juzgado Federal de Resistencia reconoció a la Masacre de Napalpí como un crímen de lesa humanidad en el contexto de un genocidio en contra de los pueblos Qom y Moqoit. Los asistentes en la sala, la multitud agolpada en las puertas del lugar y quienes seguían el juicio en dispositivos digitales celebraron el desenlace de un proceso que se había iniciado, en sus formas más recientes, dos décadas atrás en los caminos polvorientos de Colonia Aborigen Chaco (ex Reducción de Indios de Napalpí).

La existencia misma del juicio representaba un precedente jurídico y político muy importante y permitía esperar un resultado equivalente. Pero, ni los maestros indígenas que por el 2004 habían empezado a recopilar los testimonios de los sobrevivientes ni nadie que conociera como ellos la profundidad y solidez de las estructuras en las que se sustenta la discriminación contra los pueblos indígenas en la Argentina, hubiese imaginado tal avance. ¿Mucho que celebrar? Sí. ¿Mucho por hacer? También.

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Multitud congregada en Resistencia, Chaco, durante la primera audiencia del juicio. Foto: Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco.

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Multitud congregada en Resistencia, Chaco, durante la primera audiencia del juicio. Foto: Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco.

Responsabilidad, reparación e interculturalidad

Además del reconocimiento de la responsabilidad estatal, la sentencia estableció una serie de medidas que abren amplias posibilidades de imaginar y crear nuevos horizontes acerca de las prácticas de memoria y reparación por acciones sistemáticas y a gran escala de violencia estatal cometidas contra los pueblos indígenas. Los Estados deben reconocer judicial, social y culturalmente su responsabilidad en los numerosos genocidios, prácticas genocidas y delitos de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas en sus 200 años de historia. No solo en el Chaco o en la Argentina, sino en todo el continente americano.

Como lo demuestran las contribuciones de académicos y activistas, indígenas y no indígenas de Argentina, Brasil y Colombia en Genocidios Indígenas en América Latina, todos los Estados latinoamericanos llevaron a cabo violencias sistemáticas contra los pueblos indígenas bajo la impunidad y la indiferencia. El libro de próxima publicación evidencia esa verdad histórica, profundiza la discusión sobre la violencia a gran escala contra los pueblos indígenas y problematiza la forma de abordarlas. Los genocidios indígenas han sido una condición intrínseca a la emergencia y consolidación de los Estados Nación en América Latina.

Los profesionales fueron fundamentales para que los más ancianos pudieran expresar previamente los temores para hablar y recordar la masacre: una anciana incluso preguntó si sería detenida después de testificar.

Una anciana incluso preguntó si sería detenida después de testificar.

El juicio también sienta precedentes importantes en lo que tiene que ver con el proceso. Además de que la participación de las víctimas y sus descendientes ocupó un lugar importante, se crearon condiciones para que pudieran dar su testimonio en audiencias realizadas en Resistencia, la capital provincial, y en Machagai, un municipio cercano a Colonia Aborigen Chaco, el lugar de la masacre. Asimismo, las víctimas contaron con un dispositivo de acompañamiento psicológico brindado por la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Provincial.

Ese acompañamiento psicológico se inició dos meses antes del juicio. Uno de los lugares en donde se ubicó el equipo fue el mismo edificio de Machagai en donde se desarrollarían las audiencias. Esto le permitió a los indígenas familiarizarse con el lenguaje, el espacio, la escenografía, los actores y los protocolos de la práctica judicial. El acompañamiento permitió construir un espacio que alojara a las víctimas y los familiares que participaron como testigos. Los profesionales fueron fundamentales para que los más ancianos pudieran expresar previamente los temores para hablar y recordar la masacre: una anciana incluso preguntó si sería detenida después de testificar.

Finalmente, el tribunal se dotó de un traductor qom y un traductor moqoit que tradujeron tanto lo que las víctimas tenían para decirle al tribunal como lo que el tribunal expresó durante la sentencia. La participación de los traductores habilitó a los qom y a los moqoit a escuchar en sus idiomas indígenas el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Describir la violencia estatal e impugnarla en idioma indígena es un acto de reconocimiento fundamental.

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Los traductores indígenas Victorio Ramírez (Qom) y Ernesto Diaz (Moqoit) traducen la sentencia de la Jueza Federal Zunilda Niremperger. Foto: Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco

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Los traductores indígenas Victorio Ramírez (Qom) y Ernesto Diaz (Moqoit) traducen la sentencia. Foto: Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco

Tramas e hilos que tejen urdimbres

Estos importantes pasos en materia de interculturalidad jurídica ya habían tenido otros antecedentes. En 2019, la Justicia Federal había reconocido la responsabilidad del Estado en la Masacre de Rincón Bomba de 1947 contra el pueblo Pilagá, y en 2020 la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia había dictado el resarcimiento económico del Estado nacional por la Masacre de Napalpí.

Ya el 16 de enero de 2008, día del cumpleaños número 107 de Melitona Enrique, una de las últimas sobrevivientes de la masacre, el Estado chaqueño había realizado un reconocimiento de la verdad y pedido de disculpas por lo ocurrido. En aquel entonces, la provincia de Chaco impulsó la construcción de un memorial en la zona de la matanza y colaboró con un proceso de restitución de los cadáveres de indígenas asesinados en el marco de la Conquista del Desierto a finales del siglo XIX y que hasta 2018 eran parte de la colección del Museo de Ciencias Naturales de la Plata.

Al habilitar que los testimonios se realizarán en la Ex ESMA, el juzgado ponía en evidencia el entramado que vincula las luchas por la memoria, la verdad y la justicia con la última dictadura cívico-militar argentina.

Esas otras memorias por esas otras violencias son las que han empezado a emerger en los últimos años bajo el rol protagónico de los pueblos indígenas.

En lo que tiene que ver con la participación de los investigadores no-indígenas, el tribunal habilitó una jornada en la ciudad de Resistencia y dos jornadas de sesiones en Buenos Aires, lo que facilitó la participación. En la ciudad porteña, el tribunal escogió un lugar emblemático: la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada que funcionó como un importante centro clandestino de detención y desaparición durante la última dictadura militar y hoy es el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Ex ESMA).

Al habilitar que los testimonios se realizarán en la Ex ESMA, el juzgado ponía en evidencia el entramado que vincula las luchas por la memoria, la verdad y la justicia con la última dictadura cívico-militar argentina. Esas otras memorias generadas por esas otras violencias son las que han empezado a emerger en los últimos años bajo el rol protagónico de los pueblos indígenas. Lo que hizo posible el juicio de Napalpí fue el conjunto de actores que participaron aportando cada uno la parte del rompecabezas que faltaba para demostrar la verdad.

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La antropóloga Diana Lenton testifica ante el Tribunal en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en Buenos Aires. Foto: Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco.

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La antropóloga Diana Lenton testifica ante el Tribunal en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Foto: Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco.

Las vidas y los territorios de hoy bajo amenaza

Pero los vientos de cambio no soplan todos en la misma dirección. Al mismo tiempo que se realizaba el Juicio por la Verdad por Napalpí, en la Patagonia argentina se llevaban a cabo una serie de declaraciones en los medios de comunicación, de acciones políticas y de iniciativas legislativas en contra del pueblo Mapuche. La avanzada contra sus derechos se da en un marco de tensiones territoriales que vienen creciendo en los últimos años.

El origen de esas tensiones se remonta a los efectos en el presente de la violencia colonial y el despojo territorial consolidado en los dos siglos de existencia del Estado Nación. También se vincula con la falta de avances en el cumplimiento de una de las deudas históricas que el Estado tiene con los pueblos indígenas: una ley de propiedad indígena de la tierra que tenga en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos de los que la Argentina es garante.

La suspensión de los desalojos y la protección de los derechos fundamentales deben ser el piso, no el techo, de un reclamo histórico.

La suspensión de los desalojos y la protección de los derechos fundamentales deben ser el piso, no el techo, de un reclamo histórico.

Así las cosas, el mismo día que se declaraba la responsabilidad del Estado en delitos de lesa humanidad en la Masacre de Napalpí, 25 equipos de investigación de todo el país publicaban un comunicado denunciando “la violencia, y la campaña estigmatizante y racista hacia el pueblo Mapuche y el conjunto de los pueblos originarios”. Esta verdadera campaña antimapuche se impulsa de la mano de iniciativas legislativas que atentan contra la legitimidad de las demandas territoriales indígenas.

En 2021, otra coalición de organizaciones ya había denunciado la falta de avances en el relevamiento territorial indígena iniciado en 2006 y había puesto en evidencia cómo su demora atenta contra el ejercicio de otros derechos humanos. A 16 años de la sanción de una ley de relevamiento territorial que ya de por sí llegaba tarde, cumplir con esta ley es una deuda histórica que el Estado argentino mantiene con los pueblos indígenas. La suspensión de los desalojos y la protección de los derechos fundamentales deben ser el piso, no el techo, de un reclamo histórico.

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La artista qom Anahi Gómez y su obra “La recta histórica de lo que fue aconteciendo” (2022) en los pasillos del Centro Cultural Haroldo Conti durante la audiencia de testimoniales. Foto: Carlos Salamanca

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La artista qom Anahi Gómez y su obra “La recta histórica de lo que fue aconteciendo” (2022) durante la audiencia. Foto: Carlos Salamanca

Pasado, presente y futuro

Todos los gobiernos de América Latina, sin importar su color político, siguen apostando por un modelo económico, basado en los monocultivos, la explotación de materias primas y el extractivismo, que amenaza los territorios y las vidas de los pueblos indígenas en todo el continente. Sean los que sean los resultados en las elecciones nacionales en Colombia y Brasil este año y en Argentina el año que viene, los tiempos se muestran desafiantes.

Ya sea desde el oficialismo o desde la oposición, un movimiento conservador y violento opta deliberadamente por la ignorancia, la desmemoria y el prejuicio. Este movimiento amenaza con impugnar y poner en tela de juicio la legitimidad de las demandas indígenas y los distintos grados de avances en los procesos de reconocimiento que se han logrado en las tres últimas décadas.

Con la presencia de estos movimientos conservadores en la mesa, los indígenas y las sociedades se enfrentan no solo a la falta de avances en materia de derechos, sino a francos retrocesos. Si bien eventos importantes como el juicio por la verdad de Napalpí dejan saldos favorables que permiten fortalecer(se) frente a las luchas por venir, es tarea pendiente lograr que la justicia por las muertes del pasado impulse las luchas por las vidas del presente y del futuro en toda la región.

Carlos Salamanca es Investigador Independiente del CONICET y del Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” de la UBA. Es Director del Programa Espacios, Políticas, Sociedades del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR y participó como testigo en el Juicio por la Verdad. Correo: salamanca.carlos@gmail.com

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