1° de mayo de 2021

Con el objetivo de enfrentar el Covid-19, el Gobierno de Formosa ha tomado medidas demasiado estrictas que afectan especialmente a las mujeres indígenas en gestación que son llevadas sin su consentimiento a parir lejos de sus comunidades. De este modo, las medidas han incrementado el racismo y la violencia institucional que sufren los indígenas cotidianamente en la provincia.

El 11 de marzo del 2021, una investigación del canal de cable Todo Noticias reveló que varias embarazadas del pueblo Wichí se habían trasladado al interior del monte chaqueño para ocultarse de la policía local. El motivo era evitar que sean llevadas fuera de sus comunidades a un hospital público para parir. Lo que para otras mujeres, indígenas o no, podría ser más seguro, para ellas constituye una experiencia de sufrimiento por la discriminación racial de la que son objeto de parte del personal sanitario: las y los médicos y enfermeros las humillan por su apariencia física y, les ocultan información acerca de su estado y el de sus hijos e hijas.

Por tanto, nunca acuden solas. Siempre son acompañadas por sus parejas, quienes, además de encargarse de atenderlas, tienen la función de traducir al idioma propio lo que dicen los profesionales. Las humillaciones no son solo verbales: en ocasiones los recién nacidos son entregados a sus madres sin haber sido lavados. De ello fui testigo cuando me encontraba realizando trabajo de campo en la comunidad de Ensanche Norte en los años 80.

En un informe elevado en 2010 al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la antropóloga Lorena Cardín da cuenta en detalle de dos casos paradigmáticos de lo que es el tratamiento habitual que reciben las mujeres indígenas por el sistema de salud pública de la provincia y hace recomendaciones a tener en cuenta para la modificación de estas prácticas.

Pueblos indígenas y COVID-19 en Formosa

Ubicada al norte del país, en el límite con Paraguay, en la provincia de Formosa viven los nivaklé, los pilagá, los qom y los wichí. Tradicionalmente, estos cuatro pueblos han vivido comunitariamente de los frutos de la naturaleza: la caza, la pesca y la recolección en una amplia zona entre los ríos Pilcomayo y Bermejo. La mayoría de las comunidades tiene reconocido el derecho constitucional de la posesión y propiedad de las tierras y territorios, pero carecen del correspondiente título legal. Si bien los departamentos formoseños de Ramón Lista, Matacos y Bermejo albergan numerosas comunidades, muchos de sus miembros no tienen documento de identidad.

En 2020, la situación de las comunidades wichí de la zona se agravó al detectarse en el hospital de Ingeniero Juárez un caso de coronavirus. Si bien la provincia posee el número más bajo de personas infectadas con el COVID-19 en Argentina, el virus provocó un aumento de las prácticas y discursos discriminatorios contra los indígenas, a quienes se acusa de ser los culpables de su propagación. A comienzos de 2021, el gobierno provincial resolvió implementar un régimen de estricto aislamiento, restringiendo la circulación interprovincial de los ciudadanos y la actividad comercial.

Esta decisión de las autoridades desencadenó una manifestación que fue violentamente reprimida por las fuerzas policiales. El hecho mereció el repudio de sectores sociales y partidos políticos, incluyendo organismos internacionales de derechos humanos. El descontento creció al conocerse que las personas contagiadas o sospechosas eran confinadas en lugares de aislamiento con vigilancia policial durante por lo menos 14 días. Entre las múltiples violaciones a los derechos humanos, se amenazó y trasladó, a veces con paradero desconocido, a muchos y muchas integrantes de los pueblos originarios.

Ante esta situación varias organizaciones no gubernamentales, con años de trabajo en el terreno con las comunidades indígenas, presentaron un documento para encarar “la tarea de mantener informada a las comunidades acercando un mensaje de prevención cuidado y esperanza”.

La violencia institucional en primera persona

Santino Palavecino, wichí de la comunidad Isla Colón, y su esposa son una de las tantas parejas que sufrieron la violencia institucional. Cuando su señora estaba por parir, la trasladaron al hospital de Ingeniero Juárez, a 150 kilómetros de su hogar. El 29 de diciembre, se les dijo que estaban todos infectados, pero ellos no tenían síntomas. A la madrugada les hicieron un hisopado y nunca les informaron el resultado.

- Yo estaba muy enojado. A las 3 de la mañana viene un chofer y dice que tienen que llevar a mi señora a Formosa capital. Yo no quería dejarla ir y entonces llamó a la policía. Allí estuvimos más de 13 días. Nosotros les hacíamos caso porque le teníamos miedo a los policías. Teníamos hambre: no había comida ni agua ni papel higiénico. Pero lo peor era que no teníamos información de nuestros familiares. Después fuimos trasladados a un barrio toba en Ingeniero Juárez. Nos decían que estaban haciendo esto por la salud y por el bien de mi familia, pero eso no es cierto porque todo el tiempo nos maltrataban. A mi señora le hicieron cuatro veces el hisopado, pero no le decían el resultado. Después ella volvió a Potrillo.

En el documento Nos pronunciamos y proponemos se incluye la historia de Víctor Mansilla y su esposa Emiliana. Con un embarazo a término fueron llevados del Hospital de El Potrillo al de Ingeniero Juárez. Por ser acompañante, a Víctor le hicieron un hisopado cuyo resultado dio negativo. No obstante, los médicos le aconsejaron aislarse en alguna escuela habilitada como centro de cuarentena. Víctor se negó porque quería acompañar a su esposa. Como alternativa le dijeron que podía hospedarse en casa de familiares o conocidos, pero nadie quiso recibirlo: “Si te hospedamos vendrá la policía y nos llevarán a todos para aislarnos. Y no queremos eso”.

Al día siguiente se acercó al hospital, pero no logró entrar a ver a su esposa y nadie le dio información. Las enfermeras dijeron que no sabían nada. Nuevamente al otro día, volvió al hospital y solo le informaron que su hija había nacido por cesárea. Nada más. “Yo vi cuando estaban llevando a mi beba recién nacida en la ambulancia a Formosa capital”, explica Víctor. Averiguando por qué se la llevaron, los médicos señalaron que había nacido con bajo peso. Mientras Victor vivía prácticamente en la calle, su esposa obtuvo el alta médica y una ambulancia la llevó hasta El Potrillo. Sin embargo, la beba permanecía en algún hospital de la capital provincial. Para colmo, los médicos de Ingeniero Juárez y de El Potrillo le decían que solamente la madre podía ir a buscar a su hija. Y Emiliana no podía realizar ese viaje de más de 600 kilómetros porque estaba recuperándose de la cesárea. Por su parte, Víctor quería ir de todos modos a buscar a su hija, pero al llegar a la capital debía realizar la cuarentena. La situación era muy compleja.

Mientras tanto, los familiares en El Potrillo trataron de averiguar en el hospital y en la comisaría dónde estaba la bebé, pero solo recibieron maltratos. Ante la falta de información, decidieron difundir un video por las redes sociales. El 30 de enero, Emiliana fue trasladada en ambulancia desde El Potrillo a Ingeniero Juárez, donde se encontraba Víctor, para esperar juntos a su hija. La respuesta de las enfermeras era siempre la misma: “Ni idea”. Pasadas las 11 de la noche, bajo una lluvia torrencial, llegó la ambulancia al hospital de Ingeniero Juárez con la bebé. Hoy los tres se encuentran en su casa de El Potrillo.

Mujeres embarazadas en el monte

Llegado marzo se hizo visible en todo el país la violencia institucional ejercida por las fuerzas policiales contra los manifestantes que reclamaban por los centros de aislamiento, donde las personas alojadas son vigiladas por oficiales uniformados. Esta situación motivó que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se trasladara hasta la provincia para observar por sí mismo las denuncias y constatar la violación de los derechos humanos denunciados por la población.

En este contexto, el canal de cable Todo Noticias realizó una investigación periodística que denunció la existencia de mujeres indígenas viviendo ocultas en el monte. Las mujeres se encuentran en una zona del monte chaqueño, alejadas de sus casas de El Potrillo. Algunas se acercaron a vivir apenas supieron que estaban embarazadas, mientras que otras llegaron cursando la última semana. “En la comunidad no estamos seguras porque si nos llevan no vamos a regresar”, explican las mujeres. Viven en casas precarias hechas con palos y toldos, y son asistidas por mujeres y hombres de la comunidad que les llevan comida comprada o recolectada en el monte.

El miedo es muy fuerte. Si bien quieren volver a la comunidad donde dejaron a sus otros hijos, prefieren estar juntas en el monte. No quieren ser sometidas a una cesárea por la fuerza, como ya les ha pasado. Tienen miedo de que las obliguen a permanecer en aislamiento y que las separen de sus hijos sin saber a dónde los llevan. Conocida esta situación, varias personas y organizaciones firmaron un documento público elaborado por antropólogas de la Universidad Nacional de Río Negro, titulado Violación de derechos humanos a mujeres indígenas en Formosa.

El 16 de marzo, un segundo informe de Telenoche Investiga dio cuenta del caso de una mamá de 15 años a quien, luego de dar a luz, se le colocó un dispositivo anticonceptivo subdérmico sin su consentimiento. Según el informe, durante 17 días los vecinos no tuvieron noticias de la joven: “La dábamos por perdida”. La policía formoseña se la había llevado en febrero a un centro de alojamiento preventivo por coronavirus. En un primer intento, la chica se escondió de la policía, pero volvieron más tarde a las 6 de la mañana y se la llevaron como estaba. Cuando volvió a su casa le dijo a su padre que le habían colocado un chip anticonceptivo en el brazo y le mostró el certificado que le habían otorgado.

El 21 de marzo, la periodista especializada en género Luciana Peker publicó una nota titulada La violencia obstétrica a las embarazadas no se puede esconder: en Formosa el miedo de las mujeres no es salud. Una vez más, el miedo es el hilo común entre las mujeres wichí embarazadas. El temor a cesáreas innecesarias y separación de sus hijos e hijas recién nacidas se repiten entre las mujeres que fueron a vivir al monte. “Hay embarazadas que prefieren esconderse del sistema de salud que buscarlo o pedir ayuda porque -en el mundo o la provincia del revés- da más miedo ser atendida que estar escondida”, explica la periodista.

Reclamos y pedidos de informes

Estas denuncias motivaron un pedido de informes del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas al Gobierno de Gildo Insfrán. Por su parte, la Procuración General del Poder Judicial de Formosa denunció que la investigación de Canal 13 habría sido un “montaje periodístico”, dado que según el Procurador Sergio López no existían pruebas sobre el maltrato a las mujeres.

En este contexto de exposición mediática y turbulencia política, tres dirigentes indígenas de Argentina acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando la presentación de una medida cautelar. El 16 de abril, la CIDH emitió la resolución 32/21 y le solicitó al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y salud de las mujeres”. La resolución hacía hincapié en medidas inmediatas que posibilitaran el acceso a una atención médica adecuada, en acuerdo con los representantes y las mujeres, bajo consentimiento previo, libre e informado. Tal como está establecido en el derecho internacional a través del Convenio 169 de la OIT.

Recientemente, se conoció que representantes del Sistema de Naciones Unidas visitarían la provincia de Formosa: “El objetivo de la misión es interactuar con el gobierno provincial, otras contrapartes y con organizaciones de la sociedad civil para profundizar acerca de la crisis del Covid-19 y su impacto en la población”. Estaba previsto que la misión se entrevistara con el gobernador, Gildo Insfrán, y luego se trasladara al oeste para conocer la situación de las mujeres del pueblo Wichí.

En su diálogo con Naciones Unidas, las mujeres Wichí podrán explicar en su idioma por qué salieron de sus comunidades con dirección al monte y eligieron este lugar. De este modo, podrán dar testimonio de lo que significa el monte para ellas. No se esconden, no se encierran, no optan por la clandestinidad. En el uso de su libertad, prefieren acogerse a la seguridad que ese monte protector puede brindarles: lejos del maltrato, la discriminación y la repugnancia racial que reciben de los gobiernos y sus funcionarios.

Morita Carrasco es antropóloga y doctora mención en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Desde 1981 investiga y dicta clases sobre pueblos indígenas, acceso a la justicia y, derechos y políticas indígenas.

Ramón Maldonado es reportero gráfico en el diario La Mañana de Formosa. Durante su carrera se ha especializado en fotografía de la naturaleza en el noreste argentino.